La falta de Presupuestos ahoga a los mayores de 52 años en paro: "Estoy viviendo de acogida porque es la única forma de salir adelante"

El Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem) se utiliza para delimitar quién tiene bajos ingresos y puede acceder a una ayuda estatal y quién es "demasiado rico" como para poder recibirla. Pero también sirve para decidir qué cantidad deben percibir las personas que cobran el subsidio por desempleo para mayores de 52 años: 480 euros, es decir, el 80% del Iprem, que lleva congelado en los 600 euros desde 2023.

Eso es lo único que entra al bolsillo de Antonio Burgos cada mes: "Lo que nos dan es una limosna", explica a este periódico. Burgos tiene varias enfermedades crónicas que le suponen un 58% de discapacidad, pero aun así hay muchos medicamentos que tiene que pagarse él mismo. De los 480 euros que cobra, aproximadamente 300 es lo que le queda tras pagar las medicinas: "Estoy viviendo de acogida porque es la única forma de salir adelante", lamenta.

Desde que el presidente de Gobierno, Pedro Sánchez, dijera en octubre de 2025 "sudaré la camiseta para poder presentar los Presupuestos Generales", poco se ha vuelto a saber. Las reiteradas promesas de altos cargos del Ejecutivo de cumplir con la Constitución Española y, al menos, presentar una propuesta de Presupuestos Generales, se han visto incumplidas también en 2026, por lo que el IPREM, que se actualiza cuando las cuentas generales quedan aprobadas, lleva congelado tres años ya: en todo este tiempo mucho ha cambiado la situación. Guerras, aranceles e inflación han hecho que la vida sea hoy muy distinta a como era entonces.

Con todo y con eso, Burgos sabe que conseguir un trabajo en su situación es muy difícil, debido a sus enfermedades y su edad, "las empresas se dejan de historias y prefieren no contratarte". Es algo que ocurre recurrentemente, ya que hoy por hoy en España más de 450.000 personas se ven obligadas a cobrar este subsidio por la falta de inserción laboral: el paro entre los mayores de 55 años ha experimentado un crecimiento alarmante (casi se ha triplicado desde 2008), alcanzando a 545.000 personas en el primer trimestre de 2026, según el Ine, y alrededor del 60% de estos parados son de larga duración.

Además, desde 2004 el Iprem tan solo ha experimentado una subida de 140 euros, pero si a esa cantidad se le descuenta la inflación acumulada desde entonces, su valor real experimenta una caída del 20%, según Jorge Onrubia, profesor titular de Economía Aplicada en la Universidad Complutense de Madrid e Investigador Asociado de FEDEA. De esa pérdida del 20%, la mitad corresponde a los últimos tres años, según el Ine, en los que España no ha tenido Presupuestos. Otras ayudas como el bono social eléctrico, becas comedor, la asistencia jurídica gratuita o el Ingreso Mínimo Vital, importantes banderas políticas del Gobierno de Sánchez, también dependen de este indicador. Por este motivo, una actualización es urgente. Ya en 2024, tras prorrogarse los presupuestos de 2023, la exvicepresidenta primera del Gobierno y exministra de Trabajo y Economía Social Yolanda Díaz propuso a Sánchez una subida de este indicador vía decreto ley. "Quiero transmitir absoluta serenidad porque también trabajaremos en esto sin presupuestos", explicó Díaz en Onda Cero, sin embargo, la actualización no se produjo.

Encarna Carrasco, de 62 años, también es una de esos cientos de miles de personas afectadas. Ella trabajaba en el Servicio de Atención Domiciliaria, fue encadenando trabajos de pocas horas y pudo compatibilizarlos con el subsidio para mayores de 52 años. Explica a EL MUNDO cómo los bajos ingresos que recibe del subsidio por culpa de la congelación del Iprem han afectado a su vida: "Me tuve que ir a vivir de nuevo con mi padre, en parte también porque mi empresa dejó de pagarme y yo ya estoy en paro. Antes me daba para comer pescado una vez a la semana, ahora una vez al mes y congelado. Por supuesto, lo de salir y reunirte con los amigos está descartado, mi único hobby es salir a pasear con una botella de agua en la mano. Si me sale un eccema, ni siquiera puedo comprar la pomada, porque no me lo cubre la Seguridad Social".

Esos 480 euros al mes es lo único que entra en su cuenta bancaria. La pensión de su padre, que tiene una discapacidad del 78%, le ha resuelto la vida hasta ahora, aunque admite que "no sé que va a ser de mí cuando él no esté." Gracias a su ayuda, Carrasco no tiene que pagar la comida, la luz, el agua, el gas, o su habitación: es la única forma de seguir adelante cobrando sólo los 480 euros del subsidio para mayores de 52 años en paro.

Además, Carrasco trabajó durante un tiempo sin contrato e interpuso una demanda contra su empresa por no pagarle, con la ayuda del Sindicato SAD de Cuidadoras Profesionales Municipales. A la compañía no le quedó más remedio que hacerle un contrato de tres meses y, después, a la calle. La sentencia dio la razón a Carrasco y condenó a la empresa a pagarle 16.000 euros, pero no soltó un duro. Carrasco solo pudo cobrar 5.000 euros, y a través del Fondo de Garantía Salarial (Fogasa), ya que la compañía se declaró insolvente. Sin embargo, cuando comunicó al Servicio de Empleo Estatal (Sepe) que había recibido esa cantidad, el sistema se basó en la sentencia, por lo que para la Administración Pública sí había cobrado esos 16.000 euros.

¿Qué ocurrió? La Administración le reclamó devolver parte de lo que cobró de manera 'improcedente', por lo que se quedó durante cinco meses sin obtener la ayuda de 480 euros: "Me dejaron en la vulnerabilidad absoluta porque cuando me reclamaron ese dinero yo ya no tenía más ingresos que el subsidio, no trabajaba", expresa en conversación con este periódico. Al menos, a día de hoy, ha conseguido llegar a un acuerdo con el Sepe para que se le descuenten 80 euros al mes del subsidio.